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Se presenta libro que analiza la situación de derechos humanos en Ecuador


¿Quiénes son los defensores de derechos humanos? ¿Es posible pensar en el derecho a la reparación integral? ¿Hacía falta crear un nuevo poder o función del Estado? Son algunas de las preguntas que develan una situación crítica de los derechos humanos en el Ecuador.

Horizonte de los derechos humanos. Ecuador 2014-2016 es el libro que publica la Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya Yala.

El estudio central está a cargo de Javier Arcentales, Gina Benavides, Juan Carlos Calderón y Gardenia Chávez, quienes documentaron 58 casos en 15 provincias del Ecuador. En el libro abordan los problemas y retos de quienes defienden los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de la tierra. Derechos al trabajo, a la educación; al acceso a la justicia; a la comunicación y libertad de expresión, así como el derecho a la resistencia; los derechos sexuales y reproductivos, a la participación social y a migrar.

Este trabajo se basa en entrevistas a 32 defensores de derechos humanos, y un corpus bibliográfico de más de 150 títulos, entre libros, textos jurídicos, documentación de organizaciones de derechos humanos, publicaciones en prensa e información difundida a través de la web.

Su relación con el gobierno es evidente. Byron Real y César Montúfar se encargan de detallarlo en segundo capítulo, dedicado a la Justicia. Con el título “Cuando el gobierno es parte procesal: Los derechos humanos y el 30-S”, analizan la incidencia de las nociones constitucionales que surgieron a partir de la vigente Constitución, en tres casos judiciales surgidos en la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010.

La “Judicialización de la protesta social en  Ecuador: El caso de Mery Zamora”, es el título del segundo artículo de este capítulo, de Vladimir Andocilla. Como una contextualización, el autor resume 12 casos de criminalización de la protesta social, para luego analizar con detenimiento lo ocurrido con la expresidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, y determina que existió una motivación política del poder.

Otro grupo social que también se ha visto vulnerado ha sido el LGTB. Rafael Garrido hace un recuento de cinco casos de vulneración de derechos a la diversidad sexual. El autor recuerda que apenas en 1997, se declaró inconstitucional el inciso 1 del artículo 516 del Código Penal que imponía una prisión de hasta ocho años por homosexualismo.

“Los límites del Estado constitucional de derechos y justicia: El caso de Fernando Jaramillo Galarza” es el título del artículo que cierra este capítulo. En él, Carlos Reyes y Gina Benavides analizan los límites del sistema administrativo para garantizar del derecho de las familias de las víctimas de accidentes de tránsito al acceso a la justicia. El texto muestra las irregularidades en el proceso judicial de este caso particular.

El tercer capítulo del libro presenta dos artículos. En el primero, Enrique Ayala Mora cuestiona la creación de un nuevo poder o función del Estado, y señala que se redujo el papel del Estado, y que se mantuvo varias instituciones en manos de los partidos de Estado.

Javier Arcentales es el autor del último artículo: “Horizontes del Sistema Nacional de Protección de Derechos”. En su análisis recorre el sistema de protección de niñez y adolescencia; el proceso de construcción del sistema de protección de derechos, la institucionalidad y su normativa y la ausencia de voluntad política.

STR / KR

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